Celebrado el pasado 14 de junio de 2023 denuncian que fue una masacre que, como la de el Tarajal y otras que la antecedieron, demuestra el carácter racial y colonial de las políticas migratorias diseñadas por la Unión Europea y ejecutadas por los estados miembros, así como por terceros países subcontratados El 24 de junio de 2023 se cumple un año de la masacre de Melilla, que se saldaron, con la muerte y ejecución extrajudicial de al menos 37 personas, 77 víctimas de desaparición forzada, cientos sometidas a la denegación de auxilio, a la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes. La mayoría eran personas refugiadas procedentes de Sudán, muchas de ellas menores de edad, que fueron expulsadas ilegalmente y a quienes se les impidió ejercer su derecho humano a solicitar asilo.  Se cumple un año de la masacre de Melilla, «la más grave de los últimos tiempos” perpetrada en suelo europeo, y pesar de ello, el Gobierno del Estado español ha incumplido sistemáticamente su deber de debida diligencia, negándose a esclarecer los hechos, depurar responsabilidades, promover la rendición de cuentas y reparar el daño. A lo largo de este año han imperado la opacidad y las versiones contradictorias por parte del máximo responsable de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, quien ha sido apoyado por los partidos de la coalición del autodenominado “Gobierno más progresista de la historia de España” y respaldado públicamente una y otra vez por el presidente Pedro Sánchez. Los crímenes de derecho internacional perpetrados el 24 de junio de 2022 por agentes estatales de España y Marruecos no pueden ser calificados como una tragedia. Se trata de la actuación coordinada entre dos gobiernos que derivó en una masacre. Es una masacre que, como la de Tarajal y otras que la antecedieron, demuestra el carácter racial y colonial de las políticas migratorias diseñadas por la Unión Europea y ejecutadas por los estados miembros, así como por terceros países subcontratados con el objetivo de dificultar e impedir la movilidad internacional del Sur al Norte global y de ejecutar el expolio de bienes y recursos en la dirección opuesta. La gran mayoría de las víctimas de la masacre de Melilla procedían de Sudán, un país inmerso en una profunda crisis política y en un conflicto armado que se ha ensañado durante años contra la población civil. Una realidad ampliamente reconocida por el Estado español, quien en los últimos cinco años, según datos del Ministerio del Interior, ha concedido el 90 % de estatutos de protección internacional a las personas sudanesas que han conseguido llegar a territorio español para solicitar asilo, a pesar de la discriminación en la concesión de visados que sufren especial y desproporcionadamente las personas refugiadas negras en relación con otras poblaciones perseguidas, tal como ha evidenciado la respuesta europea prioritaria para las personas refugiadas procedentes de Ucrania. Tampoco se les autoriza a la mayoría de personas refugiadas negras procedentes de países africanos en conflicto el traslado a España a través del procedimiento establecido por el artículo 38 de la Ley de Asilo que permite iniciar el proceso de protección internacional en los consulados y embajadas de España en cualquier país. Tal es el caso del refugiado sudanés Basir, quien, tras ser torturado y expulsado ilegalmente, es el único sobreviviente de la masacre del 24 de junio de 2022 que ha solicitado protección internacional en la Embajada de España en Rabat. A fecha de hoy, la petición de Basir continúa sin respuesta por parte del Gobierno español, y pendiente de ser trasladado a España, lo que demuestra que esta vía defendida por el Ministerio del Interior ante los Parlamentos europeo y español, no es más que una mentira. Ha pasado un año y el Estado español continúa sin abrir una investigación independiente e imparcial que permita a las víctimas y a sus familiares acceder  a la verdad, la justicia y la reparación, como única vía para garantizar la no repetición de otra masacre de personas migrantes y refugiadas en territorio español, perpetrada por agentes estatales españoles o con la aquiescencia de estos. Un año después, las acciones y omisiones del Estado continúan sin ser investigadas ni sancionadas. Un año después, las víctimas continúan sin acceder a su derecho a la justicia y las familias no han encontrado, identificado ni enterrado a sus muertos.  Por todo lo expuesto y ante un año sin justicia, exigimos: MESA DIOCESANA DE ATENCION Y ACOGIDA DE MIGRANTES Y REFUGIADOS DE CÁDIZ Y CEUTA.